El Gobierno nacional anunció que las universidades y los hospitales le cobrarán a los extranjeros

El gobierno de Javier Milei impulsa una serie de modificaciones en el régimen migratorio nacional. En particular, la administración libertaria busca que las universidades nacionales y públicas del país "puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes".

Además, la gestión de Milei se dispone a poner "fin a la gratuidad de la atención médica para extranjeros", tal como viene pasando en estos momentos en el sistema de salud argentino y en la mayoría de las provincias, excepto Salta.

En su conferencia de prensa de este martes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, subrayó que se impulsan estas medidas "con el objetivo de avanzar hacia un país ordenado, que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos".

"Esto representará una tasa de financiamiento para las casas de estudio. Como ejemplo, uno de cada tres estudiantes de la carrera de Medicina es extranjero", dijo el vocero presidencial, respecto del arancel en universidades.

Con respecto a la atención sanitaria, el funcionario afirmó que "los organismos nacionales, provinciales y municipales competentes en materia de salud van a determinar las condiciones de accesos al sistema de salud, incluyendo la posibilidad de cobrar el servicio a los extranjeros que no residan en el país".

El vocero puso como ejemplo la decisión del gobierno salteño para fundamentar la decisión de la Casa Rosada. "Desde que se tomó esta medida en Salta, por ejemplo, bajó el 95% la atención a extranjeros y se generó un ahorro de $60 millones. Esto implica, desde ya, no sólo el ahorro fiscal que pueda significar, sino también una mejor atención para el resto de los ciudadanos que efectivamente son residentes de nuestro país. Nos despedimos de los famosos 'tours sanitarios', que eran tan o son tan conocidos en la República Argentina por desgracia", expresó.

Más delitos

Adorni anunció, a la vez, que "la reforma migratoria incorporará más delitos como causas para impedir el ingreso o justificativos para expulsar del país a un inmigrante".

"Si a un delincuente se lo atrapa en flagrancia, cometiendo delito, violentando el sistema democrático, con ataques a las instituciones, será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país", ejemplificó.

Y prosiguió: "Además, se van a quedar del otro lado de la frontera quienes intenten ingresar con documentación apócrifa o se 'sospeche' que el motivo de su ingreso sea diferente al que manifiestan cuando hacen el trámite migratorio. También se incorpora una pena de prisión en caso de que el extranjero viole la prohibición de reingreso al país".