1º de octubre: Día Internacional de las Personas Mayores

Fue instituido en 1990 por la Organización de las Naciones Unidas para reivindicar los derechos de este grupo etario.

El 1 de octubre es el Día Internacional de las Personas Mayores. Este día fue instituido en 1990 por la Organización de las Naciones Unidas para reivindicar los derechos de este grupo etario y sensibilizar sobre la importancia de erradicar los prejuicios para con las personas adultas mayores.

Las sociedades contemporáneas, entre las que Argentina no es una excepción, se hallan ante el desafío de un envejecimiento sostenido de sus poblaciones, en la medida que no deja de incrementarse el promedio de años de vida de sus habitantes y la tasa de nacimientos se ralentiza. Este dato, que es fuertemente positivo porque traduce el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de las personas, asentado sobre los logros del avance tecnológico y el desarrollo sanitario, implica, al mismo tiempo, la necesidad de asignar recursos para la cobertura de necesidades y demandas. Los Adultos Mayores, sin embargo están en condiciones desventajosas a la hora de presionar para incrementar sus derechos.

Es por ello, que la aprobación de la Ley 27360 de mayo de 2017, que ratifica la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de Adultos Mayores, es un salto cualitativo en la consideración de este colectivo, generándose un marco normativo que obliga a los Estados firmantes a desplegar una serie de instrumentos tendientes a cumplir y hacer cumplir esos derechos consagrados. La Convención define ciertas situaciones para construir un marco normativo común. Y recomienda enfáticamente el fortalecimiento de políticas que apunten a un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos.

Derechos Humanos y Democracia son inseparables. Pero la enunciación de los derechos humanos no resuelve de una vez y para siempre su cumplimiento. Es indispensable no sólo conocer el alcance que tienen, sino también trabajar para lograr su concreción efectiva, y esto no es posible sin su reapropiación por parte de los actores portadores de derechos. La exigibilidad de su cumplimiento requiere de discusión pública, de acción política, de ?agencia?, en el sentido de construir organización para el control de las políticas públicas y prácticas sociales de gestación de iniciativas que los tornen concretos.