Fernández: “Estoy muy feliz por ponerle fin al patriarcado”


14 enero, 2021


Formalizó la entrada en vigencia de la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina.

El gobierno nacional promulgó la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y el Plan de los 1.000 Días, en un acto que encabezó el presidente Alberto Fernández, quien celebró haber “cumplido” su palabra de impulsar esas normas, que garantizan “una sociedad un poco más igualitaria” y “amplía la capacidad de decidir de las mujeres”. Y subrayó: “Estoy muy feliz de estar poniéndole fin al patriarcado”.

Estamos haciendo una mejor sociedad. Parece una frase, pero es un paso inmenso y el resultado de una lucha colectiva”, reflexionó Fernández en la ceremonia realizada en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, acompañado por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, quienes lo precedieron en la palabra.

“Medio en broma y medio en serio, un día que me tocó hablar con un colectivo de mujeres, al cierre del discurso, me pregunté «qué más me podía pasar». Recibí a la Argentina con una crisis económica, tuvimos que salir del default, nos agarró la pandemia y, en el medio de eso, se les ocurrió terminar con el patriarcado. Estoy muy feliz de estar poniéndole fin al patriarcado, es una gran injusticia que se ha vivido durante siglos”, destacó el primer mandatario.

En un salón que tuvo como invitadas a numerosas referentes de los colectivos que militaron durante décadas la IVE, el jefe del Estado afirmó: “Cumplí con mi palabra y hoy, en tiempos en que la palabra de la política parece depreciada, es la culminación de un tiempo de lucha para muchas mujeres que lucharon para que el aborto deje de ser un delito”.

Fernández, acompañado también por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Salud, Ginés González García, celebró el hecho de que su gobierno “amplió la capacidad de decidir de las mujeres” con la sanción de la IVE y consideró que se trata de “un paso importantísimo para que la sociedad sea un poco más igualitaria”.

Con todo, reconoció que la batalla por la igualdad de derechos de las mujeres continúa en diferentes niveles y que esa paridad requiere leyes y cambios en la mentalidad de mucha gente.

La ley conocida como Plan de los 1.000 Días también fue destacada por el presidente, que evaluó que esa norma permitirá que las embarazadas cuenten “con un Estado detrás de ellas” para garantizarles salud y posibilidades de criar a sus hijos en los primeros años de vida.

En el acto, que dejó ver una gran emoción tanto entre las asistentes como en las funcionarias, Gómez Alcorta resaltó que la sanción de la IVE se logró gracias a la “alquimia imbatible compuesta por lucha y política”.

Por su parte, Ibarra reflexionó con la voz quebrada: “Hasta ahora, el Estado había respondido con amenazas y cárcel (a las mujeres que deseaban abortar). Venimos a reparar eso que hizo que muchas mujeres se sintieran humilladas. Ahora el Estado recibe a las mujeres en el sistema de salud y las va a tratar con dignidad y respeto”.

Puntos clave

La ley de IVE despenaliza y legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación, además de habilitar la objeción de conciencia de los profesionales que no estuviesen de acuerdo con esa práctica.

Se consagra el derecho de mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar a decidir la interrupción del embarazo, requerir y acceder a la atención del aborto y recibir atención posaborto en los servicios del sistema de salud.

El aborto se permitirá hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional. Fuera de ese plazo sólo se podrá acceder en caso de violación o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.

En caso de menores de 13 años, se debe contar con el consentimiento informado y la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal. Respecto de adolescentes de entre 13 y 16 años, deberá tener un acompañante o “referente afectivo”. Las personas mayores de 16 años, en tanto, tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento.

Mujeres y personas gestantes tienen derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud en un plazo máximo de diez días corridos desde su requerimiento. La iniciativa cumple los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos.

Previo a la realización del aborto se requiere el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito.

El profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Para eso, deberá mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión y derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones.

Los centros de salud privados o de seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar un aborto a causa de la objeción de conciencia deberán prever y disponer la derivación a un lugar, de similares características, donde se realice la prestación.

El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable.

Tampoco se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria posaborto. El incumplimiento de los requisitos para ejercer el derecho de objeción de conciencia dará lugar a las sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda.

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